2020: el año del COVID-19 y los delitos ambientales

El COVID-19 impuso grandes retos para el medio ambiente durante el 2020. En un principio se llegó a pensar que las cuarentenas y demás medidas restrictivas durante la emergencia sanitaria traerían un alivio para los bosques y, en general, para la biodiversidad latinoamericana.

Sin embargo, rápidamente creció la preocupación por el aumento de las actividades extractivas como la tala de madera, la minería y la explotación petrolera. El gran problema no era solo la industria legal sino también los delincuentes que aprovecharon que los gobiernos invertían mucho de su tiempo, personal y dinero en atender la emergencia de salud, dejando atrás otros sectores como el ambiental.

Por ejemplo, en los primeros cinco meses de este año se registraron en Bolivia más de 25 274 focos de calor, un 80 % más que en el mismo periodo de 2019, lo que llevó a que se perdieran más de seis millones de hectáreas de bosque, mientras el país no tenía una estrategia clara para atender esta emergencia. En los primeros tres meses, Colombia perdió 75 031 hectáreas de su Amazonía, superando así la cifra de todo 2019 (73 000 hectáreas) y  Ecuador vio cómo en 2020 los madereros ilegales invadieron territorios indígenas para extraer cientos de árboles.

No paró la deforestación

La tala indiscriminada de bosque para el aprovechamiento ilegal de la madera, el acaparamiento de tierras, el cultivo de grandes monocultivos o la ganadería extensiva no estuvieron de cuarentena.

Para agosto de 2020 las fiscalías ambientales de tres regiones peruanas investigaban a funcionarios forestales de Ucayali por presuntos nexos con mafias que blanqueaban madera ilegal. Al día salían aproximadamente 40 camiones de madera y la pandemia impidió que el personal del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) verificara la legalidad de estos cargamentos en los últimos meses.

Parques Nacionales Naturales de Colombia esperaba contener la tala en la Amazonía aplicando acuerdos de conservación con los campesinos, como el que firmaron en octubre de 2019 en el municipio de La Uribe (Meta) pero, ante el panorama de amenazas y la salida de los funcionarios de varios parques, estos acuerdos quedaron detenidos y la saliente directora de la entidad, Julia Miranda, manifestó en diciembre su preocupación por el aumento de la deforestación en el parque Serranía de Chiribiquete.

En Bolivia, “detrás de los incendios forestales está la expansión agrícola”, dice Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB). El experto manifestó su preocupación pues en 2020 cree que tanto empresarios de la agroindustria como gobiernos que dictan normas para autorizar el desbosque de tierras, estuvieron detrás de este fenómeno. Mientras tanto, en Ecuador, por algunos ríos de las provincias de Orellana, Napo y Pastaza descienden miles de troncos que son talados por madereros furtivos que han encontrado la gallina de los huevos de oro en los territorios comunitarios de algunas nacionalidades indígenas y áreas naturales protegidas.

Por  en 12 enero 2021

Articulo publicado en https://es.mongabay.com/2021/01/delitos-ambientales-y-covid19-2020/

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